El Principito, de Antoine de Saint-Exupery; El Amante de Lady Chaterley, del escritor británico David Herbert Lawrence; Los Hermanos Karamazov, de Dostoievski; Qué verde era mi valle, de Richard Llewellyn; La Edad de la razón, de Jean-Paul Sastre; Veinte mil leguas de viaje submarino, del Julio Verne y obras de Ernest Hemingway. Esos, entre otros cientos de libros, fueron confiscados por la Aduana de Estados Unidos el 21 de julio de 2005, en el puesto fronterizo de McAllen, Texas.

La orden vino directamente de la Casa Blanca y alcanzó también a decenas de computadoras que venían a La Habana como parte de la Caravana de la Amistad de los Pastores por la Paz.

Las másteres en Ciencias Vilma Ponce y Nuria Pérez lo estudiaron hasta el detalle y lo demostraron en su informe Incidencia del bloqueo del Gobierno de los Estados Unidos en las bibliotecas cubanas: 2001-2005.

Según las expertas, aunque leyes como la Enmienda Berman (1988) o la que se refiere al libre comercio de ideas, disponen que las medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos a otras naciones no deben interferir en el intercambio de información; y el Gobierno de ese país asegura –con su habitual desvergüenza- que el bloqueo contra Cuba no se extiende al ámbito cultural y científico, la realidad los demiente.

A los cubanos, el bloqueo también los priva de diversas lecturas. Pero, además, las bibliotecas han sufrido daños en sus colecciones y locales que llegan a ser irreversibles; desde el "Norte" se ponen trabas al acceso a bases de datos y otros servicios de Internet, al intercambio académico y a otras actividades de las que diariamente enfrentan esas instituciones.

Mapa de Cable Submarino, 2004) Cuba está ausente de los corredores de conectividad

Una de las más recurrentes variantes es la negación de visas a bibliotecarios y dirigentes del sector, práctica que se ha convertido en un hábito de la actual Administración de Washington.

Entre 2001 y 2005 ocho especialistas de esta rama no pudieron viajar a Estados Unidos. Otros dos nunca llegaron a Puerto Rico, para cumplir diversos objetivos: asistir a conferencias anuales de organizaciones como IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios), la ACURIL (Asociación de Bibliotecas Universitarias, de Investigación e Institucionales del Caribe) y ALA (Asociación Americana de Bibliotecarios); o, simplemente a intercambios de experiencias, encuentros culturales, cursos y adiestramientos.

Varios de ellos, para colmo, terminaron con un cartelito de cubanos peligrosos.

En el año 2003, la licenciada Marcia Medina Cruzata, subdirectora de la Biblioteca Nacional José Martí, y concejal de ACURIL desde 2001, no pudo presentarse en la Conferencia Anual de esa organización que se iba a celebrar en Puerto Rico. En su pasaporte, de manera insólita y sin ninguna explicación, se le estampó el número 212F.

La anotación corresponde a una sección de la Ley de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos. Esta señala que se les prohíbe la entrada a ese país a aquellos funcionarios o ex funcionarios extranjeros que están o han estado involucrados en actos de corrupción desde la posición de poder y que su acción ha provocado serias consecuencias adversas a los intereses de esa nación. Esos serios efectos adversos incluyen daños a los negocios norteamericanos, a la seguridad de los Estados Unidos contra el crimen transnacional y el terrorismo y a la estabilidad de sus instituciones democráticas y nacionales.

Definitivamente, Bush no entiende de libros

En el mismo año, la licenciada Bárbara Susana Sánchez Vignau, directora de la Biblioteca Central Rubén Martínez Villena, de la Universidad de La Habana, recibió un cuño similar en su pasaporte, cuando pretendía responder a una invitación de la Universidad de Alabama para un encuentro cultural. Por si no bastara, su documento fue retenido injustificadamente durante 24 meses por la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en Cuba.

Para la doctora Marta Terry González, miembro de la Sección de América Latina y el Caribe de IFLA, la situación fue más difícil. En marzo de 2004 no pudo participar en una reunión de trabajo en El Salvador y fue víctima de atropellos y humillaciones en dos aeropuertos latinoamericanos, esta vez cómplices del bloqueo. Se le había asegurado que a su paso por Panamá, la cónsul de El Salvador en ese país le pondría el cuño requerido para continuar el viaje. La funcionaria nunca apareció y la profesora tuvo que pasar la noche detenida junto a individuos de la peor calaña. Decidió, no obstante, continuar viaje hacia su destino, confiando en que allí la estarían esperando. Nadie fue a su encuentro en el aeropuerto de El Salvador y nuevamente fue encarcelada hasta que, al fin, logró retornar a Cuba sin poder cumplir el objetivo de su viaje.

Impaciente, esta reportera de BOHEMIA se acordó de ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones S.A.), de las líneas telefónicas y de la lentitud de la computadora. Tras varios intentos, el informe que sirvió de fuente principal a este trabajo nunca se dejó descargar desde Internet. Hubo que copiarlo directamente de las PC de la Biblioteca Nacional.

El responsable de esas cuitas tecnológicas –bastante frecuentes, por cierto-, está directamente ligado al bloqueo. Y la explicación se desprende del informe de marras. Aunque parezca ciencia ficción, el maligno engendro navega también dentro de la supuestamente "libre y democrática" Internet.

El bloqueo contra Cuba también se ha colado en la llamada red de redes

El Mapa de Cable Submarino para la Comunicación Global del año 2004 lo deja claro. Cuba queda excluida de todos sus corredores, lo que afecta la conectividad de bibliotecas, centros de información, universidades, revistas, periódicos y, por supuesto, de esta atribulada reportera.

El bloqueo obliga a utilizar un ancho de banda y conexión al satélite caro y lento. El problema podría resolverse si se conectara un cable de fibra óptica entre Cuba y la Florida, pero las autoridades estadounidenses no lo permiten. Sobran los comentarios.

El asunto no termina con la lentitud de las comunicaciones. Los centros bibliotecarios tampoco pueden, en muchísimas ocasiones, acceder a algunos de los servicios gratuitos que se ofrecen por Internet. Como muestra, unos botones.

"La transnacional SUN Microsystems Inc., que ofrece el acceso libre a sus productos, establece la prohibición de exportar y reexportar hardware de SUN, software, servicios, y tecnología a los países sujetos a embargo o a sanciones comerciales por los Estados Unidos", explica la investigación de Nuria y Vilma.

La vigencia de esta disposición la comprobó Fernando Martínez, responsable del Departamento de Publicaciones Electrónicas de la Biblioteca Nacional José Martí, en agosto de 2005. Solicitó on line el programa PLUGINS JAVA (tm) que oferta de forma gratuita esta compañía y recibió la siguiente respuesta: Java (tm) no puede descargarse a su equipo. Su país no tiene autorización.

De igual forma, todas las licencias de uso de Microsoft consignan que estos no pueden ser exportados a Cuba, a terceros países que negocien con ella ni a personas que se sospeche, puedan hacerlos llegar a la Isla. Daniel Motola, jefe del Departamento de Automatización de la Biblioteca Nacional, intentó protegerse de los virus informáticos bajando la actualización del software McAfee y recibió una rotunda negativa. En inglés. We are sorry but it appears that you are located in a country that we are unable to export to in accordance with United States law. (Los sentimos pero parece que usted se encuentra en un país donde no podemos exportarle de acuerdo con las leyes de Estados Unidos.)

Restaurar o microfilmar libros y documentos puede convertirse en una "misión imposible"

"La empresa cubana CITMATEL, suministradora de equipos de computación a centros científicos de la Isla, tiene muchas veces que adquirir estos bienes a través de terceros países y pagar hasta un 30 por ciento más en relación con el precio en el mercado de los Estados Unidos. A este costo se le suman las elevadas tarifas que hay que desembolsar por transportación (…) Incluso en ocasiones hay que abonar un plus por el temor del vendedor a las pérdidas que le ocasionaría si el Departamento del Tesoro descubriera que ha negociado con la Isla", refiere el informe.

"Estos hechos son las causas principales de que la mayor parte de la tecnología que poseen las bibliotecas hoy día es obsoleta y se ha adquirido fundamentalmente a través de donaciones."

El sistema de bibliotecas públicas del país requiere actualmente de unas dos mil 231 computadoras, lo que representa un costo de tres millones de dólares. Parecida situación enfrenta la Biblioteca de Literatura y Lingüística, que no ha conseguido digitalizar sus fondos ni disponer de catálogos on line por insuficiencia de equipamiento.

Los cubanos no pueden consultar la Enciclopedia Británica. Resulta que la edición del valioso texto -32 volúmenes a un costo aproximado de mil 400 dólares-, pasó a ser propiedad de una compañía norteamericana con sede en Chicago, Illinois. Ahora está vedada para la Isla, aun si aparecieran los fondos para adquirirla.

Las bibliotecas universitarias tampoco cuentan con otros repertorios de referencia actualizados que son de gran utilidad para los estudiantes y profesores, pues la mayoría de ellos es elaborada por el Instituto de Información Científica de los Estados Unidos.

La Bibliografía Nacional, prestigiosa desde el siglo XIX, cuando era compilada por Bachiller y Morales, Carlos M. Trelles, Fermín Peraza, y otros grandes bibliógrafos, se encuentra hoy día incompleta porque no se pueden adquirir todas las obras editadas en el extranjero que traten sobre Cuba o sean de autores cubanos.

En el informe sobre el bloqueo que Cuba presentó en Naciones Unidas en 2004 se asevera que de poder "adquirir los materiales e insumos necesarios en el mercado estadounidense o a través de empresas norteamericanas radicadas en el Caribe, Centro o Sudamérica, se podrían restaurar tres mil 600 documentos anualmente. Hoy, no se alcanza el 20 por ciento de esta cifra".

Las marañas del bloqueo también afectan a quienes viven del otro lado del estrecho de la Florida. Tanto, que el señor Joaquín Gil del Real, residente en California, perdió la paciencia. Interesado en obtener copia de algunos documentos de la Biblioteca Nacional José Martí para conformar una biografía de su bisabuelo, José Triay, propuso hacer el trámite bancario a través de Panamá donde residía su hija, pretendiendo burlar al indeseable intruso. Pero no contó con otro problema, Cuba no puede admitir cheques de Estados Unidos. El trabajo, que inicialmente se valoró en 36 dólares, terminó encareciendo tanto y volviéndose tan complejo, que el señor Gil del Real desistió de adquirir los documentos.

La Isla tampoco puede realizar compras electrónicas ni intercambiar información con clientes y especialistas residentes en los Estados Unidos. Tiene prohibido hacer gestiones comerciales a través de bancos e instituciones financieras norteamericanas y las personas residentes en el país vecino, interesadas en un servicio bibliotecario ofrecido por entidades cubanas, tienen que realizar la compra a través de un banco de otra nación, con tarjetas de crédito o cheque que no sean estadounidenses.

Igualmente, las instituciones, organizaciones y personas radicadas en los Estados Unidos no pueden realizar donaciones a nuestras bibliotecas. La violación de estas disposiciones lleva directamente a una sanción que puede alcanzar los 50 mil dólares, unida al decomiso de los fondos, documentos, u otros artículos que se consideren medios de violación.

El bloqueo, sin embargo, no protege a los cubanos de que les roben su patrimonio.

El 17 de julio de 2001, Eliades Acosta, director de la Biblioteca Nacional, recibió un correo electrónico de su homólogo en el Ateneo de Boston, Massachussets. En el mensaje se informaba que desde 1994 la biblioteca del lugar había adquirido la primera edición de un Atlas de 1570, que llevaba dos cuños de la Biblioteca Nacional de Cuba. El funcionario solicitaba una aclaración definitiva sobre el origen del volumen.

Dos días después Eliades Acosta respondió por la misma vía que el Atlas era propiedad de la Biblioteca Nacional de Cuba, robado en fecha anterior a 1991, momento que se detectó e informó su pérdida. El director de la José Martí asistió al Congreso de IFLA, en Boston, en agosto del 2001 y llevó las pruebas de que el libro era propiedad de su institución. El 24 de febrero de 2003, el señor Richard Wendorf reconoció, también vía correo electrónico, que el Atlas debía retornar a sus verdaderos dueños.

Los estantes de la biblioteca aún esperan por el libro de la discordia.