Uno de los principales y más activos terroristas internacionales de la "Fundación Nacional Cubano Americana" (FNCA), organización de extrema derecha creada y asentada en la Florida, Estados Unidos.

Culpable, junto a Orlando Bosch Ávila, del atentado que mató a los 73 pasajeros y tripulantes del avión civil de Cubana de Aviación, que explotó en aguas de Barbados el 6 de octubre de 1976. Por ese hecho fue apresado y encausado judicialmente en Venezuela, pero antes de concluir el proceso legal se fugó de la cárcel, en 1985.

En entrevista al diario The New York Times admitió haber organizado la campaña de atentados dinamiteros ejecutada en 1997 contra centros turísticos en Cuba, y reconoció que los líderes de la FNCA habían financiado sus operaciones.

Al respecto también se declaró responsable, ante una televisora miamense, de cualquier acto terrorista que se hubiera cometido, o se cometa, dentro de Cuba.

Involucrado en los intentos de atentado al presidente cubano Fidel Castro en República Dominicana, en 1998, y en Panamá en 2000, desde noviembre de ese último año guardó prisión en el país istmeño hasta agosto de 2004, cuando un indulto concedido por la ex presidenta panameña Mireya Moscoso lo puso en libertad.

Desde finales de marzo de 2005 se mantuvo en Miami, adonde ingresó ilegalmente, según declaraba su abogado a la espera del asilo político que había solicitado al gobierno norteamericano. Este último le protegía con el silencio, mientras negaba conocer su presencia en la Unión.

El 17 de mayo del propio año el Departamento de Seguridad Interior emitió un comunicado dando a conocer que había arrestado a Posada Carriles y que lo mantenía "bajo custodia para dirimir su condición migratoria".

En junio la cancillería de Venezuela presentó al Departamento de Estado norteamericano un expediente que respaldaba la solicitud de extradición de Posada Carriles a su territorio, como prófugo que es de la justicia venezolana desde que huyó para evadir el juicio por la voladura del avión cubano.

Estados Unidos no ha respondido aún el pedido de extradición, que según expertos procede por atenerse al Tratado de extradición bilateral (1922), al Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la Aviación Civil (1971) y al Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas (1997).

Luis Posada fue trasladado al centro de detención migratoria de El Paso, Texas, y luego de maniobras dilatorias, el 13 de junio fue presentado por primera vez ante un juez (William L. Abbott, realmente funcionario del Departamento de Justicia) para responder por su ingreso ilegal al país. Sería una audiencia con varios episodios y aplazamientos en agosto y septiembre.

Durante el proceso, cuestionado por el evidente contubernio entre el terrorista, su abogado y el gobierno representado por la Fiscalía Federal, Posada retiró la solicitud de asilo en Estados Unidos y se acogió al Convenio internacional de protección contra la tortura.

Finalmente, el 27 de septiembre, el juez Abbott dictaminó que Luis Posada Carriles no sería deportado a Venezuela, para lo cual se basó en la suposición de que aquel pudiera sufrir torturas en la nación suramericana. De ese modo fue prolongada, de modo indirecto pero oficial, la permanencia del terrorista en Estados Unidos, sujeto a juicio solamente por violaciones de carácter migratorio y por mentir al llenar los formularios sobre la forma en que ingresó a la Unión.

Varios escándalos, entre otros hechos por el hallazgo en territorio norteamericano de arsenales ilegales, en poder de terroristas muy vinculados a él, han acompañado el dilatado proceso protagonizado por Posada Carriles y por las autoridades que, interesadas en su silencio sobre culpas compartidas, no han querido juzgarlo por la sostenida práctica que lo cualifica como más peligroso terrorista del hemisferio occidental.

Próximos a cumplirse dos años de su excepcionalmente cómodo encarcelamiento, el responsable de las 73 muertes en aguas del Caribe en 1976, así como de indefinido número de crímenes asociados a la Operación Cóndor en América Latina y a otras oscuras operaciones CIA, fue puesto en libertad bajo fianza el 19 de abril de 2007, según se dijo entonces hasta la celebración de la vista señalada para el 11 de mayo.

El 8 de mayo, sin embargo, la jueza federal Kathleen Cardone, de El Paso, Texas, desestimó los cargos por fraude migratorio que existían contra Posada Carriles, quien de inmediato hizo declaraciones a la prensa para festejar la libertad de ese modo obtenida.

Precedido por una disputa entre la Fiscalía Federal y la defensa del terrorista, en relación con la prohibición de utilizar en el juicio pruebas sobre los vínculos entre aquel y la CIA, el dictamen de Cardone censura los procedimientos utilizados por la Administración Bush para armar un caso por delitos migratorios, y asegura que "Como todos los acusados ante un tribunal, este acusado está protegido por ciertos derechos constitucionales. Este tribunal no va a echarlos a un lado ni ignorará la mala conducta del gobierno solo porque el acusado sea una papa caliente en términos políticos".

El desapego de la Casa Blanca a la ética y a la justicia, en estrecha comunión con los intereses de la mafia anticubana de la Florida, han servido de telón a este más reciente episodio del groseramente disimulado perdón presidencial a Luis Posada Carriles en Estados Unidos.